EL IMPUESTO A LA INFORMALIDAD


POR GABRIEL YORIO GONZÁLEZ

La reforma fiscal sigue acumulando críticas y oposición de ciertos sectores de la economía mexicana y extranjera. Por su tamaño pareciera que la estrategia tiene como interés enviar la señal de una mayor capacidad de negociación del gobierno que de realmente concretar una reforma profunda que resuelva el problema de la baja recaudación. En este sentido, el Impuesto a la Informalidad parece ser el mejor exponente de tal ausencia de compromiso, ya que traslada la responsabilidad de recaudación a los bancos, no en un afán de bancarizar la recaudación, sino de traspasar a las instituciones financieras la responsabilidad de fiscalización.



Una de las propuestas principales, y de cierta forma innovadora, es la reforma es el Impuesto a la Informalidad que significaría cargar un 2 por ciento por cada depósito por más de 20 mil pesos realizado en un banco. Sin embargo, parece que este impuesto es en realidad un elemento para la negociación con el Congreso, el cual podría ser desechado en la aprobación del paquete de reforma. De no ser así, el impuesto podría implicar que cierto sector de la población trate de evitar el impuesto, lo cual provocaría que muchos individuos se salieran del sector bancario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para las empresas o profesionistas que se encuentran en la informalidad y que manejan grandes sumas de recursos les resultaría muy caro e incomodo operar fuera del sector financiero. Mantener grandes sumas de dinero “debajo del colchón” resultaría incomodo en todos los sentidos. Por tal motivo, el impuesto pareciera que podría lograr un impacto recaudatorio sobre los individuos que se encuentran en el sector informal evadiendo impuestos.



El impuesto obviamente aumentaría la complejidad tributaria, lo cual va en contra de la intención de simplificar el esquema de pago de impuestos en nuestro país. Los individuos que reciben honorarios o salarios vía depósitos tendrían que descontar del 2 por ciento, el cual podrían acreditar hasta el final de año para poder recuperar el recurso, aumentando el trabajo de archivo y registro a cada contribuyente. Por otra parte, empresas que reciben pagos por sus servicios en efectivo se verían afectadas por igual, aún cuando no se encuentren en la informalidad, ya que mes con mes depositarían sus recursos en el banco y pagarían el impuesto el cual podrían recuperar hasta el final del ejercicio fiscal del año. De esta manera, empresas que concentran recursos como las empresas de transporte enfrentarían este problema.



El diseño del impuesto traslada el esfuerzo y responsabilidad recaudatoria a las instituciones financieras implicando un mayor trabajo para ellas. Por esta razón es posible que los bancos aumenten las ya de por sí excesivamente altas tarifas bancarias que cobran a sus clientes.



El impuesto a la informalidad prácticamente libera al gobierno de que sea evaluado por su esfuerzo de recaudación y de combate contra la informalidad. La creación de impuestos nuevos se ha convertido en la principal crítica de los partidos de oposición quienes argumentan que sería mejor que todos paguen los ya existentes. Son cada vez más los analistas que ven esta reforma más bien como un parche que no tendrá un efecto agregado pero si un costo que posiblemente no se verá reflejado en un mejor aprovechamiento de los recursos.

Dos Propuestas de Reforma Fiscal

Por Gabriel Yorio González

El debate sobre la propuesta de reforma fiscal continúa y su discusión en el Congreso podría resultar productiva debido a la propuesta alterna que lanzó el Frente Amplio Progresista (FAP) conformado por el Partido del Trabajo, Convergencia y los perredistas, en el sentido de que el FAP propone que no se establezcan nuevos impuestos y que sea el Impuesto Sobre la Renta el eje troncal de la reforma fiscal.



La propuesta que ha hecho el gobierno federal ha recibido algunas críticas, sobre todo del sector de las pequeñas y medianas empresas intensivas en el uso del empleo que se verían afectadas por la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU). Además, como ya diferentes analistas han expresado, la reforma debió de haber sido acompañada de una explicación bien detallada del gasto que se financió con los ingresos petroleros entre 2003 y 2006, de una propuesta de austeridad y recorte de gastos superfluos, un esquema que otorgue prioridades de gasto en caso de obtener mayores ingresos, un compromiso explícito de mejorar la eficiencia recaudatoria y una estrategia de combate a la evasión fiscal por parte del SAT.



Se teme que la propuesta del CETU, al ser un impuesto de control, tenga un efecto regresivo. Asimismo, la propuesta de permitir que los gobiernos estatales apliquen nuevos impuestos a la cerveza y la gasolina parece poco realizable desde el momento en que los estados tienen que transferir el 20 por ciento de lo recaudado a los municipios, por la razón de que el costo político lo cargarían los estados y además tendrían que compartir los ingresos. Así, al no existir un mecanismo de coordinación nacional que permita a los estados reducir el costo político de implementar nuevos ingresos es poco probable que las nuevas potestades tributarias sean realmente aplicadas.



Un problema que no es atendido en la propuesta es la que no garantiza el uso eficiente de los recursos. El gobierno simplemente gasta mal el dinero porque no tiene un mecanismo de asignación de recursos en forma prioritaria y la reforma se encuentra enfocada a la recaudación solamente. Además, deja fuera el tema de las aduanas que se han convertido centros de corrupción por donde pasan mercancías y productos de contrabando. De igual manera, no se plantea una reducción en la complejidad del pago de los impuestos.



Por su parte el FAP propone utilizar al ISR como eje troncal de la reforma, de tal manera que se eliminen los huecos por donde las empresas evaden el pago del impuesto como lo es el régimen consolidado. Además, propone no crear nuevos impuestos sino cobrar eficientemente sobre la misma base de contribuyentes y con la premisa de que primero el Gobierno Federal debe reducir su gasto corriente o administrativo para poder tener autoridad moral de solicitar a los ciudadanos que paguen más impuestos.



Sin duda el hecho de que existan dos propuestas de reforma dará lugar a un debate de ideas más nutritivo, ya que ambas tienen coincidencias, ventajas y desventajas. Esperemos que este debate se de en un nivel de análisis que resulte en una reforma fiscal que sea lo mejor para el país y sus ciudadanos y no sólo para grupos de poder específicos.

La marginación municipal en Veracruz


Por Gabriel Yorio González

Los municipios del país y en específico los municipios veracruzanos enfrentan un grave problema de marginación ocasionado por fuertes rezagos en infraestructura, como lo es la falta de servicios públicos como agua potable, drenaje, luz eléctrica, etc. Esto afecta directamente el nivel de vida y de bienestar de los ciudadanos ya que las localidades no cuentan con servicios públicos que les permitan mantener un nivel adecuado de vida.


Esto crea un círculo vicioso porque los gobiernos municipales y estatales encargados de proveer estos servicios, se encuentran restringidos por la presencia de presupuestos limitados que no les permiten realizar grandes obras de infraestructura que implicarían fuertes inversiones y esto hace más grande el problema de marginación que enfrenta el estado.


Veracruz cuenta hoy con 212 municipios de los cuales sólo 10 municipios presentan un nivel de muy baja marginación, entre ellos se encuentra Poza Rica. Mientras que 20 presentan niveles de baja marginación y 51 municipios presentan niveles de marginación media. No obstante, 131 municipios veracruzanos presentan niveles alarmantes de alta y muy alta marginación, entre ellos se encuentra Papantla. Esto quiere decir que más de la mitad de los ayuntamientos veracruzanos no cuentan con servicios públicos primarios, lo que da lugar a distintos fenómenos sociales, como el migratorio por nombrar uno.


Si bien las entidades enfrentan presupuestos insuficientes, existen otras formas de realizar obras de infraestructura para cerrar las brechas de marginación existentes entre localidades de un mismo estado. Estas formas de inversión implican la participación del sector privado junto con el sector público para concretar proyectos de infraestructura, además existe la posibilidad de contratar financiamientos con la banca de desarrollo, ya que un importante freno al desarrollo de los municipios marginados es que no son sujetos de crédito y por tanto no puede acceder al financiamiento de la banca comercial tradicional, acentuando aún más los rezagos regionales.


Las desigualdades también se dan dentro de un mismo país, dentro de un mismo estado y hasta dentro de un mismo municipio. Por ejemplo, el ayuntamiento de Papantla tiene 246 comunidades o localidades, de las cuales 4 tienen muy baja marginación, sin embargo, estas localidades resultan ser colonias vinculadas con Poza Rica, como lo es el Fraccionamiento La Florida, Fraccionamiento Santa Cecilia, San Agustín, Residencial Tajín. Mientras tanto, el municipio tiene 230 localidades con alta y muy alta marginación, 9 media marginación y solamente 3 localidades con baja marginación, en esta última categoría entra la ciudad de Papantla.


Lo anterior nos indica que el 93 por ciento de las comunidades de Papantla se encuentran enfrentando tremendos rezagos en infraestructura y servicios públicos. Si a lo anterior le sumamos el hecho de que el gasto del gobierno municipal es discrecional e ineficiente, sin alguna política de austeridad, donde se realizan obras públicas en forma selectiva, entonces este mapa de desigualdad nos permite entender porque muchas localidades quieren separarse del municipio, ya que sus necesidades no están siendo atendidas y sus problemas no están siendo resueltos.


Ante esta situación, es necesario que los ayuntamientos tengan personal que pueda evaluar proyectos de infraestructura y realizar aquellas que tendrán un mayor beneficio en la sociedad. Por lo general, el gasto se realiza bajo criterios políticos que provienen de compromisos que el alcalde generó cuando estaba en campaña. Además, los municipios deben tomar en cuenta otras formas para financiar las necesidades de infraestructura, ya que entre más pase el tiempo, mas difícil será cerrar la brecha que cada día se abre más. Si no se enfrenta este problema ahora, en el futuro costará más caro a los municipios atender las necesidades de infraestructura.