EL IMPUESTO A LA INFORMALIDAD
POR GABRIEL YORIO GONZÁLEZ
La reforma fiscal sigue acumulando críticas y oposición de ciertos sectores de la economía mexicana y extranjera. Por su tamaño pareciera que la estrategia tiene como interés enviar la señal de una mayor capacidad de negociación del gobierno que de realmente concretar una reforma profunda que resuelva el problema de la baja recaudación. En este sentido, el Impuesto a la Informalidad parece ser el mejor exponente de tal ausencia de compromiso, ya que traslada la responsabilidad de recaudación a los bancos, no en un afán de bancarizar la recaudación, sino de traspasar a las instituciones financieras la responsabilidad de fiscalización.
Una de las propuestas principales, y de cierta forma innovadora, es la reforma es el Impuesto a la Informalidad que significaría cargar un 2 por ciento por cada depósito por más de 20 mil pesos realizado en un banco. Sin embargo, parece que este impuesto es en realidad un elemento para la negociación con el Congreso, el cual podría ser desechado en la aprobación del paquete de reforma. De no ser así, el impuesto podría implicar que cierto sector de la población trate de evitar el impuesto, lo cual provocaría que muchos individuos se salieran del sector bancario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para las empresas o profesionistas que se encuentran en la informalidad y que manejan grandes sumas de recursos les resultaría muy caro e incomodo operar fuera del sector financiero. Mantener grandes sumas de dinero “debajo del colchón” resultaría incomodo en todos los sentidos. Por tal motivo, el impuesto pareciera que podría lograr un impacto recaudatorio sobre los individuos que se encuentran en el sector informal evadiendo impuestos.
El impuesto obviamente aumentaría la complejidad tributaria, lo cual va en contra de la intención de simplificar el esquema de pago de impuestos en nuestro país. Los individuos que reciben honorarios o salarios vía depósitos tendrían que descontar del 2 por ciento, el cual podrían acreditar hasta el final de año para poder recuperar el recurso, aumentando el trabajo de archivo y registro a cada contribuyente. Por otra parte, empresas que reciben pagos por sus servicios en efectivo se verían afectadas por igual, aún cuando no se encuentren en la informalidad, ya que mes con mes depositarían sus recursos en el banco y pagarían el impuesto el cual podrían recuperar hasta el final del ejercicio fiscal del año. De esta manera, empresas que concentran recursos como las empresas de transporte enfrentarían este problema.
El diseño del impuesto traslada el esfuerzo y responsabilidad recaudatoria a las instituciones financieras implicando un mayor trabajo para ellas. Por esta razón es posible que los bancos aumenten las ya de por sí excesivamente altas tarifas bancarias que cobran a sus clientes.
El impuesto a la informalidad prácticamente libera al gobierno de que sea evaluado por su esfuerzo de recaudación y de combate contra la informalidad. La creación de impuestos nuevos se ha convertido en la principal crítica de los partidos de oposición quienes argumentan que sería mejor que todos paguen los ya existentes. Son cada vez más los analistas que ven esta reforma más bien como un parche que no tendrá un efecto agregado pero si un costo que posiblemente no se verá reflejado en un mejor aprovechamiento de los recursos.
