Hace veinte años, en Inglaterra, se desarrolló un mecanismo de financiamiento que intentó resolver el problema de la escasez de recursos públicos para la construcción de nueva infraestructura o el mantenimiento de la ya existente. Este mecanismo, conocido como Asociaciones Público Privadas, conforma una alianza entre un gobierno y un sector de los empresarios para dotar de proyectos de infraestructura a sus regiones, sin necesidad de endeudarse y enfrentando la falta de recursos públicos suficientes.
Este mecanismo se comenzó a utilizar en México por el gobierno federal hace dos años y comienza a marcar la tendencia de lo que será una nueva forma de financiar proyectos en nuestro país, con la cual se evitará el uso de deuda pública como fuente de financiamiento.
Con las Asociaciones Público Privadas o Public Private Partnerships (PPP’s por sus siglas en inglés) el Gobierno Federal ya comenzó a construir autopistas, hospitales regionales, unidades de especialidades médicas y una universidad. De hecho, el discutido rescate carretero ejecutado por Felipe Calderón se realizó por medio de este esquema.
Los estados y municipios han comenzado a utilizarlos también y algunos ya han ajustado su ley para realizar proyectos sin necesidad de distraer recursos como los del ramo 33 dirigidos al combate a la pobreza. Este tipo de mecanismos es muy complejo pues, en caso de que algún imprevisto suceda, se necesita de una correcta asignación de los riesgos y responsabilidades entre los gobiernos y los particulares.
Algunos estados ya iniciaron la operación de estos esquemas. Tal es el caso de Oaxaca, donde se construyó un nuevo edificio de gobierno por un costo menor al 10 por ciento de la obra. También está el caso del Distrito Federal donde se operó el mantenimiento de los trenes del Metro y las próximas líneas del Metrobus serán construidas con este esquema de participación privada.
La desventaja de este esquema es su compleja su estructuración. Los gobiernos que no cuentan con funcionarios con los conocimientos técnicos necesarios encuentran muy difícil aplicar el mecanismo, en virtud de que se requiere de una amplia participación de financieros, economistas y técnicos ingenieros. Lo cual imposibilita, por ejemplo, a un municipio pequeño de acceder a las ventajas del esquema cuando no cuenta con personal especializado.
Con los esquemas de PPP’s los gobiernos estatales y municipales pueden realizar grandes proyectos de infraestructura sin necesidad de desembolsar las grandes cantidades de recursos necesarias para dar inicio al proyecto. De esta forma se han financiado proyectos de transporte, salud, agua y drenaje en municipios o provincias de países como España, Inglaterra, Portugal y Dinamarca. Inclusive, la empresa pública Petrobrás de Brasil y su similar Pemex de México ya utilizan intensivamente este tipo de esquemas de financiamiento.
El auge de las Asociaciones Público Privadas pronto alcanzará a otros estados mexicanos y los gobiernos municipales deben estar preparados para implementarlos, de lo contrario no podrán acceder a las ventajas de este tipo de financiamientos y estar en posibilidades de lograr un mayor desarrollo la infraestructura de sus regiones.
Gabriel Yorio González es economista del Tec de Monterrey y Maestro en Economía de El Colegio de México. Analista Económico y Servidor Público
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