Ley de Prestación de Servicios de Veracruz
Por Gabriel Yorio González
Con casi tres años de retraso se aprobó la Ley de Prestación de Servicios en Veracruz. Con ésta se podrán llevar a cabo proyectos de servicios públicos en una asociación público privada. Este esquema, conocido como Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), es un mecanismo de financiamiento que permite a los gobiernos detonar la inversión en infraestructura a través de la participación de la iniciativa privada.
El esquema ya se aplica en varios estados de la república y el gobierno federal comenzó a aplicarlo desde el 2005, con la salvedad de que surgió en Inglaterra hace 30 años. Los estados que modificaron sus leyes y normatividades para aplicar este modelo de financiamiento son el Estado de México, el Distrito Federal, Oaxaca, Sinaloa y Aguascalientes entre otros. Si bien en estos estados ya se están operando, no necesariamente se han aplicado en forma exitosa como se ha argumentado, ya que no todos los proyectos son candidatos a ser financiados por medio de PPS.
En este sentido la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda solicita que se justifique el uso de PPS a través de evaluaciones de los diferentes mecanismos de financiamiento a fin de escoger la que resulte más barata, ya que no siempre un PPS es la mejor opción o la más barata. De hecho, en el caso de Inglaterra, donde dio origen este tipo de esquemas, existen PPS que no resultaron exitosos y que ahora representan una carga financiera para el gobierno, por este motivo se debe ser muy cuidado en su diseño ya que precisa de una correcta definición de riesgos y sobre todo, de quien se hará responsable en caso de que algo falle.
El PPS es más amigable al presupuesto y por eso es tan atractivo para los gobiernos, pero vuelvo a repetir, no necesariamente es el mejor. El PPS es una forma de endeudamiento que transfiere el riesgo del proyecto a una empresa privada que se encarga de desarrollar la infraestructura, mientras que el servicio público sigue siendo responsabilidad del gobierno, quienes pagan una renta por el servicio o la infraestructura, y este pago es clasificado en el ejercicio de egresos como gasto corriente y no como deuda, por lo que no constituye una deuda directa para el estado, pero si una deuda indirecta u obligación de largo plazo.
Ahora bien, el hecho de que exista una ley no significa que por sí sólo detonará el desarrollo social y el combate a la pobreza como argumentó el gobierno estatal. Sólo funcionará si las leyes otorgan certeza jurídica a los inversionistas y si los funcionarios tienen la capacidad de establecer una correcta asignación de responsabilidades y de riesgos en la asociación público-privada.
La aprobación de la ley que permite los PPS en Veracruz fue votada por el PRI y otorgará al estado de una mayor capacidad para realizar proyectos de infraestructura, aunque varios partidos de oposición votaron en contra argumentando que la ley sólo servía para endeudar más al estado. Este argumento es parcialmente correcto, ya que la creciente tendencia a satanizar la deuda no permite que los gobiernos incursionen en esquemas de financiamiento que permitan el desarrollo de infraestructura que beneficia a los ciudadanos. Recuerden que cuando se contrata una deuda (un pasivo) es para financiar un proyecto (un activo) y que ambos son heredados a las generaciones futuras quienes también se ven beneficiadas por la infraestructura creada, por lo que la deuda no es mala per se. Muchas veces el tamaño de los proyectos los hace financiables solamente con deuda o de lo contrario no se realizarían jamás.
Aunque los PPS parecen servicios concesionados, no lo son. Esta modalidad es diferente y los partidos de oposición no deberían preocuparse tanto por el supuesto endeudamiento en que incurriría el gobierno estatal, ya que para bien o para mal se generará infraestructura en el estado. Además, si no existe una ley bien diseñada los PPS simplemente no serán aceptados por las empresas privadas provocando que no se lleven a cabo proyectos aún y con la aprobación de la ley. En caso de que un PPS este mal diseñado el siguiente gobierno estatal podría decidir no respetar el contrato de PPS y dejar de pagar el servicio aún y cuando el empresario ya incurrió en un gasto de infraestructura. Por ejemplo, supongamos que se realiza una carretera por medio de un PPS y que el gobierno estatal termina “beneficiando” a una empresa específica. De esta forma, la empresa construye la carretera y el gobierno paga una renta por usarla, mientras que el servicio sigue estando a cargo del gobierno estatal. El siguiente Gobierno Estatal Electo podría decidir no respetar el contrato y dejar de pagar el servicio, mientras que el empresario ya incurrió en un gasto de la obra. A esto me refiero cuando digo que el PPS transfiere la mayor parte del riesgo al sector privado. Ante esta situación muchos empresarios solicitan que los gobiernos estatales les garanticen parte de la inversión, lo cual es contrario a la naturaleza del PPS.
Ahora bien, ya que decidieron dar un paso hacia métodos más sofisticados de financiamiento, el gobierno estatal debería capacitar a los municipios para poder realizar PPS, además de dar un siguiente paso con miras a establecer una unidad de inversiones en el gobierno estatal o en el congreso local, a fin de evaluar los posibles mecanismos de financiamiento de proyectos y de esta manera determinar que realmente el esquema PPS es una forma más barata de financiar que el resto de las otras opciones (concesiones, deuda, etc.). Asimismo, el congreso debería de vigilar que el gobierno no garantice la inversión a los empresarios que entren al esquema PPS con el gobierno, ya que iría en contra del fin para lo que el PPS fue diseñado, que es la transferencia de riesgo al sector privado. De no ser así entonces el gobierno estatal podría utilizar la nueva ley para darle la vuelta al endeudamiento provocando que el próximo gobierno estatal se encuentre entrampado en una maraña legal que lo obligará a pagar por malos servicios.
