EL SECUESTRO ECONÓMICO DEL ESTADO MEXICANO

POR GABRIEL YORIO GONZÁLEZ

México goza ya de tres reformas estructurales, la del ISSSTE, la Electoral y la Fiscal, así como de varios años bajo una etapa de transición democrática y política. No obstante, los cambios que se esperaban todavía no son tangibles para los mexicanos. La existencia de grupos de poder que echaron raíces durante muchos años en los cuales se vieron privilegiados del poder, siguen aprovechando sus posiciones para impedir la aprobación de reformas que amenacen sus intereses. De esta manera, estos grupos traducen su poder económico en poder político influyendo en la toma de decisiones de los gobernantes, secuestrando económicamente al estado mexicano para lograr sus intereses particulares.

Un ejemplo claro es la venta de Aeroméxico mediante acciones de la compañía, las cuales poseía el Gobierno Federal a través del IPAB al grupo conformado por empresarios y Banamex. La operación del proceso fue tan supuestamente clara y transparente que varios analistas se dieron cuenta de las irregularidades que existieron durante la venta.

De entrada la Ley de Protección del Ahorro Bancario (que regula a l IPAB) en su artículo 64 señala que la venta se debe hacer bajo el esquema de Subasta o de Licitación Pública. La venta de Aeroméxico fue a través de un esquema de Oferta Pública de Adquisición. En una subasta pública o licitación la parte vendedora pone las condiciones y los participantes se sujetan a ella, mientras que en la Oferta Pública de Adquisición los compradores hacen ofertas y fijan algunas de sus condiciones y la parte vendedora evalúa si acepta o no la oferta. Este último tipo de esquema está regulado por la Ley de Mercado de Valores, en específico el artículo 97 que marca varias condiciones para realizar el proceso.

De esta manera, resulta extraña la forma en la que se llevó a cabo la operación de venta, ya que la Familia Saba (uno de los competidores) ofreció $1.1, porque consideraba que la empresa no valía ni un centavo más, provocando una caída en el precio de la acción, ya que el promedio de la cotización de la empresa en los últimos meses había sido superior a los $2.30 por acción. Esta propuesta fue considerada por el Consejo de Administración de Aeroméxico como "razonable". Al final el ganador fue el grupo de empresarios y Banamex, con un precio de venta que resultó en más del doble de lo que consideraban razonable. ¿Por qué aceptar un precio tan bajo como razonable al inicio? Bueno, parece que para entender esta acción hay que ver que cuando se cae el precio de la acción con motivo de la declaración del Consejo de Administración por la propuesta Saba, se intercambiaron varios millones de acciones a un precio cercano a $1.40 por acción. Es decir, que se intercambiaron acciones a precios más bajos que el precio de mercado. Así, las personas que compraron a este precio obtuvieron un rendimiento superior al 100% en cuestión de días. La propuesta de Grupo Saba parece ser que tuvo toda la intención de meter ruido en el mercado accionario para que el precio se cayera.

Ahora bien, ha llamado la atención de varios analistas el hecho de que el Consejo de Administración no considerara como relevantes varías modificaciones que realizó Banamex en las ofertas de los días 16 y 17 de octubre. Así como el hecho de que se siguió un procedimiento para la venta que no estaba autorizado por la propia ley del IPAB, lo cual parecía indicar un sesgo favorable hacia Banamex. En este caso, también resulta extraño que el Grupo Saba no apele el caso en tribunales dado que tiene muchos elementos a su favor.

En resumen, este tipo de episodios en el ámbito económico reflejan como aún dentro de un ambiente supuestamente más democrático, los grupos de interés particulares ejercen su influencia sobre los políticos. La venta de Aeroméxico no arrojó el precio más eficiente, se hubiera logrado uno más alto de haberse realizado por medio de una subasta o licitación pública. Y luego se preguntan por qué los mexicanos ya no creemos en nuestros gobernantes y en los políticos. Por esta razón, en lugar de “reformas”, los mexicanos preferimos beneficios tangibles que se reflejen en mejoras en el bienestar.